Mensaje de la Directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
Andreina Olmo Marchetti
“Nuestro compromiso de administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos y financieros del Poder Judicial sigue intacto, alcanzando mayores niveles de transparencia y rendición de cuenta.”
Mejorar nuestro servicio para alcanzar una mejor justicia
El año 2024 fue para la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) un período de complejos desafíos y aprendizajes, que nos ha permitido consolidar logros en distintos ámbitos de nuestra gestión e implementar medidas para mejorar el servicio a los tribunales del país.
Nuestro compromiso de administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos y financieros del Poder Judicial sigue intacto, buscando alcanzar mayores niveles de transparencia y rendición de cuenta, a través de fortalecer procesos de control interno, implementación de nuevas leyes, fortalecimiento de normas de transparencia, declaración de intereses y patrimonio, lobby, entre otras iniciativas.
Estos avances han sido posible gracias a la confianza depositada por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, liderado por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras consejeras, Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo, los representantes de los distintos estamentos y, por supuesto, de todo el equipo directivo, administraciones zonales y las más de 1.200 personas que forman parte de la institución.
Durante este ejercicio, la institución alcanzó una ejecución presupuestaria de 99,74%, totalizando los M$762.160.706, lo que nos sitúa entre las instituciones públicas con mejor desempeño y refuerza la responsabilidad asumida en la administración de estos recursos.
En el ámbito de cumplimiento normativo destaca:
- El 1 de agosto entró en vigor la Ley N° 21.643, que establece nuevas exigencias para la prevención y sanción de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo. La Corporación Administrativa ha colaborado activamente en la implementación de los criterios y exigencia que considera la ley, implementando mecanismos para denuncia, gestión y seguimiento de denuncias, así como en la difusión y elaboración de protocolos internos.
- En diciembre entró en vigor la Ley N° 21,634, que hizo aplicable al Poder Judicial las exigencias de la ley de compras públicas. Para ello, la institución trabajó en la elaboración e implementación del Reglamento de Contratación Pública del Poder Judicial, que regula todos los procesos de compras y contrataciones, incorporando mecanismos como licitaciones públicas, compras ágiles y subastas inversas electrónicas, además fortalecer controles de probidad y conflicto de interés.
La seguridad constituye un lugar prioritario en nuestra agenda. En cumplimiento del compromiso institucional, en octubre se instaló la nueva Área de Seguridad del Poder Judicial, que articula ámbitos de infraestructura, personas y ciberseguridad.
Además, se institucionalizó el funcionamiento del Comité de Ciberseguridad y se creó el Área de Ciberdefensa en el Departamento de Informática, compuesta por profesionales especializados en la gestión de incidentes, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas digitales.
Este año avanzamos en proyectos innovadores para mejorar el servicio y la eficiencia institucional. En esa línea destacan: Justa, un innovador proyecto de inteligencia artificial en procesos judiciales, cuyo plan piloto se inició en el Juzgado de Letras de Mulchén; y Unijud el nuevo sistema informático de tramitación, que fue implementa como plan piloto en los juzgados con competencia en garantía de las jurisdicciones de Rancagua y los tribunales penales de Melipilla y Curacaví de la jurisdicción de San Miguel.
Esta herramienta busca optimizar y agilizar la tramitación de causas, automatizar tareas repetitivas y eliminar registros paralelos, contribuyendo así a mejorar la calidad de los datos. Además, permite que todas las comunicaciones se realicen directamente desde la plataforma, sin necesidad de generar oficios ni correos electrónicos manuales.
Unijud aumenta los niveles de seguridad, incorpora funcionalidades modernas, mejora la experiencia de usuario y facilita su aprendizaje, lo que redunda en una tramitación más eficiente y en un beneficio directo para la ciudadanía. También se avanzó en el fortalecimiento y mejoras de la Oficina Judicial Virtual, la renovación y actualización de equipamiento y programas y el fortalecimiento de los sistemas informáticos del Poder Judicial.
A su vez, profesionales del Departamento de Informática integraron el equipo técnico, liderado por la ministra Gloria Ana Chevesich, encargada de la implementación de las leyes N°21.389, N°21.484 y N°21.675, cuyo rol fue esencial para modernizar y ajustar los sistemas informáticos de tramitación de los tribunales de familia y penales y agilizar y facilitar la tramitación de las causas, a través, principalmente, de la generación de trámites automáticos e interconexiones con diversas instituciones.
En materia de gestión interna, se puso en marcha la plataforma de tramitación electrónica de nombramientos y vacancias, que busca agilizar procesos de contratación de personal, y se habilitó un sistema nacional para el registro de designaciones de notarios suplentes e interinos, fortaleciendo así la trazabilidad y confiabilidad de la información.
Asimismo, se incorporó un botón de pago, en coordinación con la Tesorería General de la República, ampliando los canales de recaudación para facilitar el pago de trámites judiciales.
Con una mirada puesta en mejorar la gestión en las distintas jurisdicciones del país, se aprobaron medidas para optimizar la gestión en las Administraciones Zonales, como el aumento de los montos delegados para compras y servicios, la homologación de facultades en la gestión de contratos y garantías y la actualización de la prelación de subrogancia de apoderados bancarios.
En el área de infraestructura, se entregó el nuevo edificio para el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno; se iniciaron las obras de construcción del edificio del Juzgado de Familia de Concepción y se avanzó en las obras de construcción del Centro Judicial de Los Ángeles. Asimismo, se continuó con la remodelación de los Juzgados Civiles de Santiago y se finalizó el rescate arqueológico de los hallazgos existentes a la fecha en el terreno que albergará el futuro Centro Judicial de Arica.
Durante este año concluyó el diseño del futuro edificio que albergará a los Juzgados Laborales y de Cobranza de Santiago; se iniciaron las consultorías de diseño para el Centro Judicial de Copiapó y el Tribunal de Letras de San Carlos y se continuó con el diseño de los Tribunales de Familia de Quillota, Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla y el Juzgado de Letras de Colina. Además, se invirtieron MM$ 4.075 en 86 edificios en proyectos de mejora y conservación en distintos territorios del país.
En diciembre, el Consejo Superior aprobó el proyecto de reestructuración, optimización y rediseño de la Contraloría Interna. Esto representa un avance importante en materia de fortalecimiento de la probidad, control, fiscalización y transparencia en el uso de los recursos del Poder Judicial, ya que entrega nuevas facultades y una estructura que permite potenciar su función e independencia.
Sus ejes centrales involucran la automatización de procesos, que permiten el desarrollo de auditorías con un alcance más amplio, eficiente y preciso; la conformación de Comités de Riesgo, Cumplimiento, Ética e Integridad; la implementación del Control de Legalidad. Esto representa un cambio sustancial en el control del uso de los recursos presupuestarios del Poder Judicial.
Otro pilar importante es el canal de denuncias abierto a la ciudadanía con medidas de resguardo de identidad y de protección al denunciante, y que permite presentaciones ciudadanas para temas de falta a la probidad y de incumplimiento de la ley de compras públicas, alojando la gestión y administración en la Contraloría Interna, como órgano independiente.
También se desarrollaron iniciativas de impacto en el ámbito de la difusión: la publicación del libro conmemorativo de los 200 años de la Corte Suprema, campañas de promoción de derechos de la infancia, acciones en torno a la política de sostenibilidad, y el reforzamiento de medidas de seguridad y emergencia, trabajadas junto a los 68 comités paritarios. AdemSás de dos nuevas temporadas de la Radio del Poder Judicial.
Todos estos avances son fruto de un trabajo colectivo, realizado con profesionalismo, compromiso y vocación de servicio público. Estoy segura de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial seguirá cumpliendo un rol esencial en el fortalecimiento del Poder Judicial de Chile, siempre al servicio de las personas y de una justicia más moderna, transparente y cercana.